La inseguridad ciudadana y la paz social

por | abril 4, 2022

Nuestro país atraviesa por una gravísima crisis de inseguridad ciudadana que coloca en peligro a la seguridad nacional. No es necesario describir y señalar estadísticamente como “galopante” el acelerado avance del crimen organizado y del otro, que han tomado las calles de nuestras ciudades y pueblos del Perú; así también el narcotráfico que no tiene cuándo ponérsele fin.

La crítica inseguridad ciudadana, es hoy criminalidad desbordada por la falta de una firme posición migracionista que como estado debemos diseñar, establecer y defender con firmeza. Nuestras fronteras permanecen abiertas sin restricción alguna y lo que es peor sin ningún tipo de control. Todos los días ingresan por nuestras fronteras alrededor de 1,500 extranjeros; sin embargo, el Perú como estado con mucho esfuerzo y costos económicos sólo tiene capacidad para deportar a 41 extranjeros cada 2 meses.  Los extranjeros ingresan mayormente por cuestiones humanitarias, sin documentación comprobada, sin mostrar antecedentes, sin garantizar oficios ni beneficios, es decir, sin nada. Sólo sabemos que ingresan en una determinada fecha pero que no la tienen de salida. ¿De quién es la culpa, de ellos o del estado peruano que no sabe reglamentar y/o establecer los requisitos para el ingreso foráneo? No sabemos si llegan en plan de turismo, trabajo, o, porque no decirlo a delinquir y causar este desborde del crimen que deja en sus casas a nuestros compatriotas casi tan igual en terror como lo hace la pandemia. Pero, para ser justos, no sólo son los extranjeros de los cuales la mayoría viene con la sana intención de lograr un futuro o de recomponer su presente lesionado por ideologías socialistas impuestas en sus países; También tenemos un grueso de la delincuencia “made in Perú” producto de las desigualdades sociales en oportunidades dignas de trabajo, de formación educativa para el trabajo y por la falta de respeto a la vida. El estado peruano también es responsable directo de esta pandemia criminal. La Democracia Cristiana, entonces, propone al país, que, para el ataque a la criminalidad organizada y a las bandas delictivas, es necesario imponer una legislación dura, disuasiva pero enérgica en defensa de la paz social. Para ello, deben observarse dos frentes: El represivo y el preventivo. Para ello se debe: Primero, e inmediato es que se sancione drásticamente con penas durísimas el accionar delictivo de estas organizaciones y bandas delictivas, así como a los delincuentes con conducta reiterativa, desposeyéndoles de los beneficios penitenciarios y disponiéndose la acumulación de años por los delitos que se configuren en una misma acción delictiva. Segundo, propiciar una política penitenciaria realmente productiva y rehabilitadora para el interno primario y con delitos menores. Asimismo, la construcción de penales para la delincuencia primaria y para los graduados en el delito con cárceles de alta seguridad. La calificación de los internos no debe estar bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario sino en el juzgado. Tercero, dotar a la policía nacional de la logística y preparación especializada para la investigación y captura de los delincuentes. Legislar a favor de la legalidad y seguridad en el combate al delito en cuanto al uso de su armamento. Cuarto, capacitar y especializar al Ministerio Público y a todo magistrado en los modernos métodos de investigación criminal.

  • Tomado del libro «Reflexiones Políticas y Decisiones Cristianas», escrito por Carlos Gallardo Neyra.

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