Luchar contra la corrupción pública es un deber

por | abril 2, 2022

La perversidad existente en la autoridad administrativa del estado, se encuentra en todos los niveles, lo cual, produce además del delito contra el patrimonio de la nación desconfianza sobre el sistema de las libertades de parte de la población y un estado nauseabundo sobre la dimensión política; situaciones muy bien aprovechadas por los enemigos de la libertad y por los avaros en la oscuridad. Es por ello, que, su combate es imprescindible para devolver moral, ética y confianza a la función pública; pero, sobre todo para evitar que miles de millones de soles se pierdan en transferencias corruptas a favor de intereses individuales o grupales subordinando la legítima oportunidad de invertir socialmente a favor del propio pueblo en lo que pueden ser sus oportunidades de progreso.

Por ello, propongo, que la Constitución Política sea mediante reforma o por una nueva, se consagre constitucionalmente el “Juicio de Residencia” a toda autoridad elegida por voto popular desde el presidente de la República, Congresistas, Gobernadores Regionales y alcaldes Provinciales o Distritales. Por un tiempo específico a determinarse por los especialistas. De igual forma, a las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo desde ministros de Estado hasta directores y funcionarios de alta responsabilidad. Que, el presidente de la República pueda ser investigado y sancionado durante sus funciones y que la vacancia sea ampliada al ámbito de una causal por corrupción; de igual manera para los representantes parlamentarios, debe extenderse una causal de desafuero. Además, debe crearse un Organismo Nacional Especializado en Contrataciones del Estado para que ejecute las adquisiciones de bienes y/o servicios, bajo responsabilidad directa, y que los concursos sean públicos y abiertos a la ciudadanía y a la prensa siempre que no sean de secreto de estado o involucren la seguridad nacional.

La corrupción se lleva un porcentaje importante del presupuesto nacional, por lo que es prioridad combatirla por todos los medios disponibles por el estado. El no hacerlo también implicaría corrupción.

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