Archivo del Autor: Carlos Gallardo Neyra

El desarrollo de un país también se mide en la capacidad de ahorro de sus ciudadanos, esto significa, proponer una audaz medida que signifique el quiebre al abuso usurero de la banca privada lo cual no es un secreto para la ciudadanía. Se debe devolver la confianza al ciudadano para ahorrar y pueda acceder a préstamos y créditos pero que no lo estrangulen económicamente para que pueda crecer y sus aspiraciones se vean concretadas. Así, en un ordenado consumo se mueve la rueda de desarrollo económico. Debe de existir normas que den confianza y que inspiren una equilibrada y consciente forma para ser sujetos de crédito, para ello, resulta entonces impostergable la competencia leal entre privados y el estado debe sincerar y regular legislativamente los intereses para las diferentes colocaciones de crédito personal, empresarial, y en el sector hipotecario para acceder a una vivienda, incluyéndose los intereses a rebatir para facilitar el desarrollo empresarial de las mypes; el agropecuario, financiando con tasas de interés preferencial al pequeño agricultor; y al minero, incentivando su formalización y legalidad para éste sector que resulta fundamental. Así combatiremos la informalidad crediticia y financiera para los ciudadanos de a pie. Según datos estadísticos por fuentes confiables obtenidos para el otorgamiento de los famosos “bonos covid” durante la pandemia nos demuestran que sólo el 21% de los ciudadanos de la población en edad de trabajar (PET) accede a cuentas bancarias y de ahorro. Esto nos dice que de cada 1000 peruanos sólo 210 tienen el acceso a cuentas bancarias. Es decir 790 quedan a merced de la banca informal y la usura.

Sólo la inversión genera riqueza, por tanto, debemos reconocer con valentía que la nuestra se encuentra gravemente enferma por la informalidad, la corrupción y el entreguismo a la fórmula del “piloto automático”, que no es otra cosa que la dependencia del valor de los métales en el exterior y la satisfacción de consumo ciudadano por la sobre importación de productos que aplasta las expectativas de crecimiento al empresario, emprendedor y productor nacional.

La Economía Social de Mercado (ESM), se encuentra constitucionalmente consagrada por el Perú con el artículo 58° de nuestra Carta Magna. Sin embargo, los continuos gobiernos de manera inmisericorde la maltratan como al hijo ilegítimo que no se quiere reconocer ni otorgarle formación, mucho menos tenerlo en la misma mesa, no obstante, de contar con… Leer más »

Nuestro país atraviesa por una gravísima crisis de inseguridad ciudadana que coloca en peligro a la seguridad nacional. No es necesario describir y señalar estadísticamente como “galopante” el acelerado avance del crimen organizado y del otro, que han tomado las calles de nuestras ciudades y pueblos del Perú; así también el narcotráfico que no tiene cuándo ponérsele fin.

La perversidad existente en la autoridad administrativa del estado, se encuentra en todos los niveles, lo cual, produce además del delito contra el patrimonio de la nación desconfianza sobre el sistema de las libertades de parte de la población y un estado nauseabundo sobre la dimensión política; situaciones muy bien aprovechadas por los enemigos de la libertad y por los avaros en la oscuridad. Es por ello, que, su combate es imprescindible para devolver moral, ética y confianza a la función pública; pero, sobre todo para evitar que miles de millones de soles se pierdan en transferencias corruptas a favor de intereses individuales o grupales subordinando la legítima oportunidad de invertir socialmente a favor del propio pueblo en lo que pueden ser sus oportunidades de progreso.

En el bicentenario del Perú como República nos corresponde como organización política realizar ciertas reflexiones para luego adoptar audaces decisiones. No se trata pues de ver al Perú sólo dentro de una coyuntura de crisis sino de cumplir responsablemente una misión estadista que no sólo nos saque de la crisis sino que nos conduzca al desarrollo fijando un objetivo claro y firme para el Perú, el cual, es posible trabajar con el compromiso patriótico de la ciudadanía, mostrándole signos de gobiernos decentes y honestos en la administración de los bienes del estado, con la energía y severidad necesaria para proteger el desarrollo de un futuro con esperanza.