Nuestro país atraviesa por una gravísima crisis de inseguridad ciudadana que coloca en peligro a la seguridad nacional. No es necesario describir y señalar estadísticamente como “galopante” el acelerado avance del crimen organizado y del otro, que han tomado las calles de nuestras ciudades y pueblos del Perú; así también el narcotráfico que no tiene cuándo ponérsele fin.

La perversidad existente en la autoridad administrativa del estado, se encuentra en todos los niveles, lo cual, produce además del delito contra el patrimonio de la nación desconfianza sobre el sistema de las libertades de parte de la población y un estado nauseabundo sobre la dimensión política; situaciones muy bien aprovechadas por los enemigos de la libertad y por los avaros en la oscuridad. Es por ello, que, su combate es imprescindible para devolver moral, ética y confianza a la función pública; pero, sobre todo para evitar que miles de millones de soles se pierdan en transferencias corruptas a favor de intereses individuales o grupales subordinando la legítima oportunidad de invertir socialmente a favor del propio pueblo en lo que pueden ser sus oportunidades de progreso.

En el bicentenario del Perú como República nos corresponde como organización política realizar ciertas reflexiones para luego adoptar audaces decisiones. No se trata pues de ver al Perú sólo dentro de una coyuntura de crisis sino de cumplir responsablemente una misión estadista que no sólo nos saque de la crisis sino que nos conduzca al desarrollo fijando un objetivo claro y firme para el Perú, el cual, es posible trabajar con el compromiso patriótico de la ciudadanía, mostrándole signos de gobiernos decentes y honestos en la administración de los bienes del estado, con la energía y severidad necesaria para proteger el desarrollo de un futuro con esperanza.