Con coraje e hidalguía los peruanos de todas las regiones sin distingo alguno, debemos reconocer que la Regionalización en el Perú, tal como fue diseñada desde fuera, ha sido un rotundo fracaso, así también es de verse el desperdicio de dinero en obras públicas sin consecuencias favorables para el desarrollo y bienestar de las regiones como la gran corrupción existente, donde 23 administraciones de 25 regiones se encuentran con ex autoridades presas o en estado de investigación por la Contraloría y el Ministerio Público por actos de corrupción.
El Perú necesita entonces realizar una profunda restructuración política que obedezca al interés del desarrollo de la patria con la mirada puesta a ser potencia mundial, despojándose de intereses políticos traidores, coyunturales, populistas y electoreros que sólo defienden y obedecen a la oscura agenda de la avaricia internacional corporativa o responde a la imposición de ideologías trasnochadas de totalitarismos estatistas.
Necesitamos entonces, una Constitución Política por el Bien Común, que respete defienda y promueva la vida, la libertad y la justicia en lo individual y social; la propiedad privada; al trabajo como fuente de dignidad y derechos, estimule la democracia participativa, la familia, las sociedades intermedias, los derechos sociales y espirituales. Necesitamos una constitución política que no sea producto de dictaduras, corrupción ni por imposiciones económicas extranjeras; así como, tampoco de la amenaza que significa una propuesta constitucional totalitaria y sin destino de la izquierda marxista que hace del totalitarismo, del odio y la demagógica distribución igualitaria una falsa justicia social sin desarrollo.
Ambas Constituciones Políticas tanto la vigente con preceptos que colocan en desventaja a los peruanos frente a la propuesta salvaje del neoliberalismo, como de la izquierda que nos quieren imponer en el odio, la división y la discordia entre peruanos. Ambas tienen como común denominador la permisibilidad de la corrupción, el autoritarismo y el abuso del poder.
Siendo responsable y con la mirada puesta en el futuro del país, propongo que promovamos la reorganización política de las 25 regiones actuales en 8 Macro Regiones, 25 Concejos Departamentales; así como las actuales Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales y que considere el reconocimiento de los Poblados Menores y Caseríos. Estableciéndose presupuestos y un cuadro de inversiones públicas sectoriales a nivel nacional que obedezcan exclusivamente a las políticas de estado para el desarrollo y la inversión pública que deben prevalecer a los venideros gobiernos.
En el poder legislativo, deberá modernizarse y adoptar la bicameralidad con un nuevo sistema de representación en cuanto a la elección de senadores macro regionales y diputados provinciales y metropolitanos, elevando la calidad de las leyes; obtener un mejor control político del ejecutivo y del propio legislativo; deberá dotarse de una mejor organización interna con asesores corporativos para las bancadas. Deberá de resolver los temas de las causales de vacancia presidencial por incapacidad moral y de gestión; el Juicio político, interpelaciones y censuras a ministros, como también sobre la inmunidad parlamentaria.
En el poder ejecutivo, así como, de gobernabilidad y control de la legislación; deben resolverse los alcances y límites para la aplicación de la cuestión de confianza; su relación y coordinación con el poder legislativo; otros temas como la designación de ministros de estado y funcionarios públicos determinándose sus facultades, obligaciones, restricciones, renuncias, etc. Deberá establecer claramente sobre la descentralización económica y administrativa, debe ser de dos niveles; la primera, que corresponden a las obras que por ser estratégicas para la nación corresponden ser determinadas y ejecutadas desde el gobierno central, en cuanto a gestión y contratación. La segunda, cuyas obras públicas tengan incidencia directa en el desarrollo interdepartamental de la macro región.
El poder judicial deberá ser reformado en nuevos distritos judiciales, jueces superiores de justicia provinciales y cortes superiores de justicia macro regionales; y, finalmente la Corte Suprema de Justicia quien resolvería temas de orden constitucional. Con el Ministerio Público deberá hacerse lo propio para adecuar la persecución del delito a la nueva organización del poder judicial. Para los jueces y Fiscales deben exigirse probidad, decencia, especialización y niveles de conocimientos, así como, probación de sus estados de salud físicos y psicológicos que garanticen imparcialidad, independencia y sabiduría en la aplicación de su discrecionalidad para resolver los diferentes casos.
El capítulo económico debe consagrar una efectiva y real economía social de mercado, que no sólo sea letra muerta en el renglón constitucional, sino, que la fortalezca dotándole de sus elementos naturales de subsidiariedad, asociatividad y un firme carácter anti monopólico. Que, además, establezca líneas claras para las alianzas estratégicas con la empresa privada y resuelva sobre los contratos ley por causales de corrupción, incumplimiento de pago de sus obligaciones al estado o a los compromisos asumidos con las comunidades. Que la exploración, explotación y transformación de los recursos naturales del suelo, subsuelo, marinos, fondos marinos, lagunas y ríos, sean protegidos con exigencia de mitigación de daños de acuerdo a los estándares internacionales.
También debe consagrar como desarrollo económico una política de diversificación de actividades económicas; la formalización y apoyo al emprendimiento rural y urbano; otorgándose facilidad financiera con tasa de interés preferencial para campañas productivas, capacitación, asociatividad, mercados y beneficios tributarios. Debe, además, contener un sistema de porcentualidad escalonada y horizontal.
