Por: Carlos Gallardo Neyra.
El destape de la comunidad de corrupción en los partidos políticos, con olor fétido a la venta e hipoteca de la soberana democracia del Perú quienes a cambio del financiamiento de sus campañas comprometen kilómetros de carreteras y obras monumentales, o, concesiones siempre a corporaciones extranjeras, es que, nos obliga a una refundación del sistema de partidos y a los escudos que deben colocarse frente a los financiamientos sucios y ocultos, en aras de proteger nuestra democracia y el derecho que los peruanos tenemos para desarrollarnos en un ambiente político democrático, ético, moral, eficiente, de servicio y austero.
Para ello, se debe determinar en primer lugar una sola autoridad que otorgue las credenciales, registre los partidos políticos y que garantice la transparencia e igualdad de oportunidades a todas las agrupaciones políticas para presentar sus propuestas al electorado y éste pueda decidirse libre y sin manipulación elegir.
En segundo lugar, creemos que las vallas para inscripción de Partidos es desigual y discriminatoria dado que a las nuevas agrupaciones que solicitan su registro se les llena de exigencias sin otorgarles verdaderos y eficaces canales al ansiado futuro registro y participación electoral. Mientras, que, el tratamiento a las agrupaciones ya registradas para que puedan participar solo se les exige mantener un número mínimo de parlamentarios igual a un porcentaje decretado por Ellos mismos. Para ellos no importa el número de Bases Provinciales en real actividad. Ni las propuestas, ni quienes se las hacen. Sabido es que algunas de ellas vienen desde el exterior, precisamente de aquellas corporaciones trasnacionales que pervierten a nuestra clase política y empresarial.
En tercer lugar señalamos que la procedencia del financiamiento de la campaña de firmas para el registro de un partido nadie lo sabe, nadie revisa, nadie fiscaliza. Cuidado que el delito de lavado puede comenzar en esa instancia también. Ya se ha visto como el dinero que debe terminar en la inversión de investigación y equipamiento de los mismos centros educativos superiores y universitarios terminan sumándose a las bolsas de campañas partidarias propias, así, se malversa la intención legislativa del beneficio tributario a las entidades educativas.
Creemos también, sobre el financiamiento de las nuevas agrupaciones, que estás al no contar con un registro provisional no pueden acceder a contar con RUC, por tanto, no pueden acceder a cuentas bancarias institucionales, y por tanto, no pueden bancarizar los aportes para la implementación logística que requiere una campaña nacional de firmas. Esto impide la transparencia y favorece el delito. Es decir en este aspecto el mismo estado favorece el manejo de dinero sin dar cuenta alguna. Así no se sabe quién financia, cuanto se aporta y que es lo que se compra o servicios que se pagan con ese dinero.
Por ello, creemos que, el Estado debe financiar estás campañas previas y las electorales propiamente dicha, promoviendo el mensaje de cada agrupación. Es decir, la institución encargada de éste tema debe agilizar, acompañar el proceso de inscripción y registro del partido político y no solo ser un simple y muy cómodo espectador.
Pongamos un ejemplo actual. Aún no comienzan las elecciones municipales y ya se hacen encuestas de candidatos a la Presidencia. El partido de Julio Guzmán, aún no tiene registro, pero, moviliza una cantidad extraordinaria de fondos de campaña de inscripción, no se sabe quienes están detrás de su financiamiento ni que compra ni que servicios paga; sin embargo, está considerado en las preguntas optativas de las encuestadoras en desmedro de otras agrupaciones que se encuentran en similar condición buscando sus firmas y constituyendo bases provinciales. Eso no es ético, no es moral, por tanto, no es democrático